Pasado un año desde que comenzara a aplicarse la Ley de Pesca se puede afirmar que ha supuesto un importante avance en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), situando a España en una posición puntera a nivel europeo en la lucha contra la pesca pirata, situación en la que está en juego la sostenibilidad de los recursos pesqueros y, por tanto, el propio futuro del sector.

La Ley de Pesca ha permitido fortalecer los controles sobre las importaciones de productos de pesca procedentes de terceros países y luchar contra las tramas de pesca ilegal que operaban en España y contra las personas enroladas en barcos piratas.

Además, la ley es de aplicación no sólo en el territorio y aguas marítimas españolas, sino que también se puede aplicar fuera de las aguas jurisdiccionales españolas en caso de personas físicas o jurídicas a bordo de buques de pabellón español o buques apátridas, sin nacionalidad o con pabellón extranjero, lo que ha permitido atajar situaciones que antes eran difícilmente perseguibles (la llamada operación Sparrow en la Antártida es un claro ejemplo).

Igualmente, entre sus objetivos figuraban lograr una mejora en la situación socioeconómica del sector de la pesca, potenciar el papel de la mujer en el sector, y facilitar los registros y demás procedimientos relacionados con la actividad pesquera.

A nivel europeo, el mantenimiento de la política de sanciones de la Unión Europea ha dado sus frutos, consiguiéndose importantes avances en la lucha contra la pesca ilegal INDNR. Como ejemplo, países como Belice, Corea, Filipinas, Fiyi, Panamá, Togo, Taiwán, Ghana o Papúa Nueva Guinea adaptaron sus normativas para luchar más eficazmente contra este tipo de pesca ante el riesgo de severas sanciones económicas.

Por lo tanto, podemos señalar que el balance de la aplicación de esta Ley de Pesca es bastante positivo, pese a las dificultades propias de su puesta en marcha.